*El Grito y la multitud oficial
*Gran Morelos enlutado
*Sheinbaum prepara el cerrojo legal
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Las autoridades estatales y municipales reportaron una asistencia superior a las 45 mil personas al evento del Grito de Independencia, celebrado en la Plaza del Ángel y encabezado por la gobernadora Maru Campos.
Lo cierto es que se podría dudar de la cifra reportada por Protección Civil, y es que dicen que contabilizaron a más de 48 mil asistentes, pero la cifra real podría ser mucho menor, sin embargo, los aplausos a la gobernadora en su mensaje donde destacó la dignidad de los chihuahuenses, superó otros años.
Aún y cuando los artistas fueron de medio pelo, aunque con mucho reconocimiento nacional, este año, tanto el Grito como el desfile lograron reunir a miles de chihuahuenses, lo que podría significar un mensaje positivo para que Chihuahua siga siendo un bastión de oposición en el país.
Por cierto, el saldo blanco se lo agradecieron a Julio César Salas, Gilberto Loya y todo el operativo previo que se desplegó, pues las reglas fueron estrictas y en esta ocasión hicieron que prácticamente nada se les pelara por los filtros.
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El Municipio de Gran Morelos se convirtió en un cementerio en pocos días, y es que aparte del feminicidio perpetrado por el director de la policía de esa localidad, una celebración terminó en balacera y masacre.
Se dice que son cinco miembros de la familia del ex alcalde Gilberto Gutiérrez quienes fueron asesinados tras una riña familiar, también otra persona integrante de otra familia resultó sin vida.
En total fueron seis personas muertas en esa fiesta, más nueve heridos, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en los próximos días. Todo comenzó por dos mujeres que atendieron viejas rencillas familiares, lo que desató golpes y luego la intervención de los hombres quienes sacaron a relucir las armas de fuego.
Luego por la madrugada del día siguiente, sin conformarse con matarle por lo menos tres hijos al ex alcalde Gil Gutiérrez, fueron y le quemaron una casa, un negocio y varios vehículos que tenía en Santa Isabel.
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La iniciativa que la presidente Claudia Sheinbaum envió al Senado, no es una “mejora institucional”, es una violación al Estado de Derecho. Pues propone que la suspensión provisional —esa medida de amparo que frena de inmediato los actos del gobierno mientras un juez estudia el fondo — ya no aplique si el bloqueo de cuentas lo ordena la UIF bajo el argumento de lavado de dinero. También plantea que los tribunales desechen amparos si estiman que contravienen el “interés social” o que la afectación no es directa, lo que abre la puerta a que cualquier protesta, recurso ciudadano o acto de oposición quede colgado mientras el Estado decide.
Ya lo advirtió Lilly Téllez: esto busca “blindar los abusos del actual gobierno” y despojar al ciudadano “del escudo más fuerte contra el abuso de poder”, el Amparo. Abogados especializados señalan que podría desvirtuar lo que mandata la Constitución, al quitar eficacia al amparo para proteger derechos fundamentales.
Los jueces de Morena pueden desechar amparos bajo criterios vagos como “interés social”, no hay certeza jurídica; vamos directo a la discrecionalidad del poder ejecutivo. Este no es un asunto de tecnicismos, es un cambio de régimen: limitar el amparo equivale a quitarle vigilancia al gobierno, armarlo con herramientas legales para que actúe sin contrapesos.
Mientras que los grandes capos del crimen organizado siguen operando tranquilamente —sin que la UIF les incomode—, los rivales del régimen; ciudadanos críticos, periodistas o empresarios incómodos “sentirán” el poder del Estado.
Si esta reforma prospera, no hablamos sólo de menos recursos para defendernos como ciudadanos, sino de menos mecanismos para impedir arbitrariedades. Cuando el derecho deje de detener al poder, el poder caminará libre, y el ciudadano se quedará sin paraguas bajo la tormenta…